El Momento es Hoy: Declaratoria Guadalajara
Las Naciones Unidas identifican cinco “consecuencias negativas no deseadas” que se generan a partir de la prohibición de las drogas y las políticas de las mismas, incluyendo: un mercado criminal que desestabiliza a los países, genera violencia y encarcela a millones de personas cada año; un enfoque punitivo alejado de la salud pública; y el efecto globo, donde el cultivo, el tráfico y el consumo de sustancias se desplazan de un territorio a otro sin desaparecer alimentando la discriminación y el estigma contra las personas que usan drogas. Este fracaso es altamente visible en México y Brasil, los dos países más poblados de América Latina.
Los derechos humanos forman parte fundamental del derecho internacional, apareciendo en la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos. Sin embargo, en las tres convenciones más importantes sobre drogas (1961, 1971, y 1988) sólo se hace alusión a los Derechos Humanos una vez, señalando la enorme brecha entre el respeto a los mismos y el control de drogas. Siguiendo las convenciones sobre drogas, la mayoría de los países han violado las convenciones de Derechos Humanos, algo que no aceptamos. Además, los Estados deben garantizar el acceso a los medicamentos controlados, incluidos los opiáceos, necesarios para aliviar el dolor, proveer cuidados paliativos, servir de anestesia, atender la dependencia y mitigar otras formas de sufrimiento.
De igual forma, los derechos económicos, sociales y culturales de las poblaciones indígenas han sido fuertemente violados en nombre del control de drogas, con miles de personas siendo criminalizadas por producir o consumir plantas que han formado parte integral de su historia, cultura, identidad, rituales y tradiciones. El uso de drogas es parte de la realidad y está profundamente integrado en prácticas y cosmologías de diferentes pueblos y sociedades. La criminalización de grandes contingentes de personas provenientes de estos grupos ha causado profundos daños en su autonomía, cultura y tejido social.
Con docenas de miles de muertos, desaparecidos y desplazados en los últimos siete años, México se encuentra frente una crisis humanitaria causada por la estrategia represiva de combate al tráfico de drogas y por la violencia de las organizaciones criminales. Brasil, por su parte, tiene más de 56,000 muertes violentas cada año, la mayoría de jóvenes afrodescendientes siendo el tercer país con mayor población carcelaria a nivel mundial, con cerca del 27% de los encarcelados por delitos relacionados a las drogas.
La criminalización de actores involucrados con drogas ilegales es siempre selectiva, afectando desproporcionadamente a los más pobres, a las mujeres, los jóvenes, los indígenas y los afrodescendientes. En toda América Latina el crimen de tráfico de drogas es lo que más afecta mujeres, especialmente a las más jóvenes y pobres y a las madres solteras y jefas de familia que frecuentemente cuentan con baja escolaridad, son responsables por el cuidado de sus hijos y de otros miembros de su familia y pertenecen a minorías étnicas (negras, indígenas y latinas). En Brasil, cerca del 55% de las mujeres encarceladas son negras mientras que en México hay un número significativo de mujeres indígenas en prisión por delitos relacionados con las drogas.
Considerando que los esfuerzos hasta ahora han fracasado y tomando en cuenta la próxima Sesión Especial de la Asamblea de las Naciones Unidas (UNGASS 2016) y los contextos actuales de Brasil y México, recomendamos:
Promover el respeto al uso terapéutico, medicinal, religioso y recreativo de las drogas en nuestras tradiciones y culturas;
Integrar la participación de la sociedad, las personas que usan drogas, las víctimas, los cultivadores y los grupos más afectados en la construcción de las políticas de drogas;
Desarrollar políticas publicas basadas en conocimientos científicos y éticos, que garanticen el pleno respeto a los derechos culturales de los pueblos y los principios de las garantías de derechos humanos;
Respetar la soberanía de naciones y pueblos en temas de política de drogas; y descentralizar las decisiones sobre políticas de drogas;
Implementar una descriminalización efectiva de todo uso de drogas;
Impulsar el acceso a atención y tratamientos dignos y humanitarios para usos problemáticos de drogas;
Fomentar la investigación científica sobre los efectos de las drogas, así como los potenciales terapéuticos de las sustancias psicoactivas, especialmente de la cannabis y de los psicodélicos;
Apoyar la inmediata regulación legal de los mercados de cannabis, la droga ilegal más consumida en el mundo;
Revisar y cambiar los indicadores de las políticas de control de drogas; y
Asegurar la producción y/o importación de medicinas esenciales para el tratamiento del dolor, tanto de las sustancias prohibidas como el cannabis, cuyas numerosas aplicaciones terapéuticas han sido demostradas por una amplia literatura científica, como de sustancias controladas como los opiáceos y de todos los medicamentos que se encuentran en la lista de medicinas esenciales de la OMS.
Los daños del paradigma prohibicionista en el sistema de fiscalización internacional de drogas han sido devastadores y es hora de reconocer que el uso de drogas psicoactivas es un fenómeno intrínseco de la experiencia humana y crear nuevas políticas que respeten los derechos humanos, promuevan la salud pública y la protección social y cultiven el desarrollo en Latinoamérica. El momento es hoy.
Congreso Drogas, Política y Cultura: Perspectivas Brasil-México.
